Introducción
En medio de un entorno económico volátil, los programas de apoyo social enfrentan crecientes cuestionamientos por sus efectos colaterales en sectores económicos formales. Un ejemplo reciente es el conflicto surgido en la Ciudad de México entre comerciantes tradicionales y el Programa de Abasto Popular, que ha desencadenado protestas masivas y bloqueos urbanos. Este artículo analiza en profundidad la intersección entre políticas sociales, competencia económica y sostenibilidad de los mercados locales.
El Programa de Abasto Popular: objetivos y ejecución
El Programa de Abasto Popular tiene como objetivo distribuir alimentos básicos a bajo costo en zonas urbanas de alta demanda. Con una operación que reparte 400 toneladas semanales de productos, representa una estrategia para combatir la inseguridad alimentaria en la CDMX. Sin embargo, al operar sin cumplir las mismas regulaciones que los mercados públicos, ha generado una percepción de competencia desleal.
Por ejemplo, productos como frutas, verduras y carnes se venden hasta un 40% más baratos que en los mercados tradicionales, lo que ha desplazado la demanda de más de 340 locales establecidos. La falta de requisitos fiscales y sanitarios en estos puntos de venta refuerza las críticas de los comerciantes.
Este tipo de programas, si bien buscan justicia social, requieren un marco regulatorio que garantice condiciones equitativas para todos los actores económicos.
Impacto económico en los mercados públicos
Los comerciantes de mercados públicos han reportado una reducción de ventas entre 40% y 50%, lo que se traduce en pérdidas diarias de entre 22 y 30 millones de pesos. Esta caída no solo afecta la rentabilidad individual, sino también la cadena de suministro que depende de estos canales formales.
Un caso representativo es el del Mercado de Portales, donde más del 60% de los locatarios han tenido que reducir sus horarios o cerrar temporalmente. Esta situación se agrava porque muchos comerciantes no tienen acceso a créditos o apoyos financieros que amortigüen el impacto de la competencia informal.
La evidencia muestra que cuando las políticas sociales no consideran su efecto sobre la economía local, pueden generar más exclusión que inclusión.
El dilema de la competencia desleal
Uno de los argumentos centrales de los comerciantes es que los abastos populares compiten en condiciones desiguales. Mientras los mercados deben cumplir con normativas sanitarias, fiscales y operativas, los abastos operan bajo criterios laxos o sin supervisión clara.
Por ejemplo, la Ley de Establecimientos Mercantiles de la CDMX exige a los mercados pagos de derechos, licencias sanitarias y controles de calidad, requisitos que los programas de abasto popular no cumplen. Esto genera una distorsión en los precios y un incentivo para que los consumidores elijan opciones más económicas, pero menos reguladas.
En resumen, la competencia desleal no solo perjudica a los comerciantes, sino que también puede afectar la salud pública y la formalización económica.
Uso político de los programas sociales
Las protestas también señalan un uso político de estos programas, impulsados por legisladores locales en busca de posicionamiento electoral. La distribución de alimentos en espacios públicos se ha convertido en una plataforma para promover figuras políticas, sin una evaluación técnica de su impacto económico y social.
Este fenómeno no es nuevo. En procesos electorales previos, se ha documentado el uso de programas sociales como herramientas de clientelismo. La diferencia ahora es la magnitud del daño económico a sectores formales, como los mercados públicos, que tradicionalmente han sido pilares del comercio local.
La politización de los programas sociales erosiona su legitimidad y complica la implementación de soluciones sostenibles.
Protestas y bloqueos: respuesta del sector afectado
El 30 de julio de 2025, comerciantes de mercados públicos realizaron una megaprotesta en las 16 alcaldías de la CDMX. Con bloqueos en vialidades clave como Periférico Sur y Eje Central, los comerciantes buscan visibilizar su situación y presionar por un cambio normativo.
Entre sus demandas destacan la derogación de lineamientos que facilitan la digitalización sin consultar al sector, y la prohibición de programas de abasto sin regulación. Este movimiento ha logrado generar un debate público sobre la necesidad de equilibrar políticas sociales con desarrollo económico local.
La movilización evidencia que cuando no se escucha a los actores económicos, el conflicto escala y genera costos sociales adicionales.
Marco legal: contradicciones normativas
El conflicto entre comerciantes y programas sociales se encuadra en un vacío legal. Por un lado, la Ley General de Desarrollo Social permite la distribución de alimentos como parte de políticas de bienestar. Por otro, los lineamientos de operación de mercados públicos exigen condiciones que estos programas no cumplen.
Por ejemplo, los lineamientos del 8 de febrero de 2015 establecen requisitos sobre higiene, fiscalización y ubicación que no aplican para los abastos populares. Esta dualidad normativa crea un terreno fértil para la interpretación discrecional y el conflicto institucional.
Una actualización del marco legal es necesaria para evitar solapamientos regulatorios y brindar certeza a todos los actores.
Estrategias de sostenibilidad para los mercados públicos
Frente al desafío actual, los mercados públicos deben adoptar estrategias de modernización sin perder su esencia. Iniciativas como digitalización de catálogos, sistemas de pago electrónico y programas de fidelización pueden ayudar a competir con esquemas alternativos.
Algunos mercados como el Mercado Medellín han implementado plataformas digitales para pedidos en línea, incrementando sus ventas en un 20% en los últimos seis meses. Asimismo, alianzas con plataformas de delivery han permitido extender su alcance sin requerir grandes inversiones.
La innovación tecnológica, bien implementada, puede ser un aliado estratégico para los comerciantes tradicionales.
Casos internacionales: lecciones de otras ciudades
En ciudades como Bogotá y Lima, se han implementado programas sociales de abasto con regulaciones claras para evitar impactos negativos en el comercio local. Por ejemplo, en Bogotá, los mercados de abasto se integran a cooperativas que cumplen con normas sanitarias y fiscales, promoviendo la formalización.
En Lima, los “mercados itinerantes” operan únicamente fines de semana y en zonas donde no hay mercados cercanos, evitando la competencia directa. Además, el gobierno ofrece incentivos para que los comerciantes existentes se incorporen a estos programas.
Estos casos demuestran que es posible combinar inclusión social con equidad económica, siempre que exista una planificación integral.
Propuestas de solución y diálogo multisectorial
Para resolver el conflicto, es imprescindible establecer mesas de trabajo entre autoridades, comerciantes y expertos en políticas públicas. Las soluciones deben incluir regulación fiscal y sanitaria para los abastos populares, así como apoyos crediticios y de capacitación para los mercados públicos.
Además, se requiere revisar los lineamientos de digitalización publicados en enero de 2025, para adaptarlos a las capacidades reales de los comerciantes. Por último, la transparencia en el uso de recursos públicos debe ser una prioridad, evitando su utilización con fines proselitistas.
Un enfoque colaborativo es esencial para construir soluciones duraderas y equitativas.
El rol del consumidor en el equilibrio económico
Los consumidores también juegan un papel clave en este conflicto. Si bien buscan precios accesibles, deben considerar el impacto de sus decisiones en la economía local. Comprar en mercados públicos fomenta el empleo formal, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad urbana.
Campañas de concientización como “Consume Local” o “Mercados con Historia” han demostrado que es posible influir en las decisiones de compra a través de narrativas de valor social y económico. Fortalecer esta conciencia es parte de la solución al conflicto actual.
El consumo responsable es una herramienta poderosa para equilibrar el bienestar social con el desarrollo económico.
Conclusión: repensar las políticas sociales para una economía inclusiva
El caso del Programa de Abasto Popular en la CDMX revela un dilema complejo: cómo equilibrar la ayuda social con la sostenibilidad económica. Cancelar los programas no es la solución, pero tampoco lo es mantenerlos sin regulación.
Se requiere una reingeniería institucional que incluya a todos los actores, desde comerciantes y consumidores hasta autoridades y legisladores. Solo así se podrán diseñar políticas públicas que promuevan justicia social sin sacrificar el desarrollo económico local.
El futuro de las ciudades pasa por construir modelos de bienestar integradores, donde la economía popular y las acciones del Estado trabajen en conjunto por un mismo objetivo: la prosperidad compartida.
