Introducción
El reciente endurecimiento de la legislación sobre vapeadores en México ha generado un intenso debate económico, regulatorio y social. Lejos de erradicar el consumo, la prohibición ha abierto un nuevo frente: el fortalecimiento del mercado negro y el financiamiento indirecto de grupos criminales. Este artículo analiza las implicaciones económicas de esta política, sus efectos en el mercado formal e informal, y las oportunidades para un marco regulatorio más eficiente y saludable.
Prohibición vs Regulación: Modelos Internacionales
En el contexto global, la regulación de los cigarrillos electrónicos y vapeadores ha seguido dos caminos: prohibición estricta o regulación con enfoque de reducción de daños. Países como Reino Unido y Francia han optado por integrar estos productos en sus políticas de salud pública, usándolos como herramientas para combatir el tabaquismo. En cambio, México ha optado por una prohibición total, convirtiéndose en uno de los países más restrictivos del mundo.
Por ejemplo, en Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud (NHS) respalda el uso de vapeadores como alternativa menos dañina al cigarro tradicional. Estudios del Public Health England indican que los vapeadores son hasta 95% menos perjudiciales. Este enfoque ha reducido notablemente la tasa de tabaquismo. México, por el contrario, ha visto una expansión del mercado negro sin que disminuya el consumo.
La evidencia internacional sugiere que la regulación bien diseñada puede ser más efectiva que la prohibición en términos de salud pública y control económico.
Impacto Económico del Mercado Negro
El mercado negro de vapeadores en México ha crecido exponencialmente desde la entrada en vigor de la prohibición. Se estima que se comercializan 5.2 millones de dispositivos mensualmente, generando un mercado informal de aproximadamente 20,000 millones de pesos anuales. Esta cifra no solo representa una pérdida fiscal significativa para el Estado, sino que también fortalece la economía criminal.
Los cárteles de droga han diversificado sus fuentes de ingreso, y los vapeadores se han convertido en un activo estratégico. El Cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, ha establecido fábricas clandestinas de producción de vapeadores, mientras que el Cártel del Golfo ha lanzado marcas propias como Lagger y Suter. Esta diversificación criminal representa un riesgo adicional para la seguridad nacional y el orden económico.
La expansión del mercado negro ha demostrado que la prohibición absoluta puede ser contraproducente, generando más problemas económicos y sociales de los que busca resolver.
Implicaciones Fiscales y Oportunidades Perdidas
Uno de los efectos más evidentes de la prohibición es la pérdida de recaudación fiscal. En un mercado regulado, los vapeadores podrían generar ingresos tributarios significativos a través de impuestos especiales, IVA y derechos sanitarios. Sin embargo, al operar en la clandestinidad, este flujo económico escapa por completo del control del Estado.
Comparativamente, Chile y Colombia aplican impuestos a los productos de vapeo, lo que no solo genera ingresos fiscales sino que permite financiar campañas de salud pública. México, al criminalizar su comercialización, renuncia a una fuente potencial de financiamiento en un contexto de alta presión presupuestaria.
Regular el mercado podría representar ingresos anuales superiores a 5,000 millones de pesos en impuestos, además de permitir un control más efectivo sobre la calidad del producto y su distribución.
El Papel del Crimen Organizado en el Mercado de Vapeo
La prohibición ha generado un nuevo nicho para los cárteles mexicanos. Siete organizaciones criminales, entre ellas el CJNG, el Cártel de Sinaloa y La Unión Tepito, han sido identificadas como actores clave en el comercio ilegal de vapeadores. Estas organizaciones no solo manejan la distribución, sino también la fabricación y el contrabando transfronterizo.
El Cártel del Noreste, por ejemplo, ha implementado estrategias de venta directa en escuelas y centros de trabajo, facilitando el acceso a menores de edad. Esta situación expone cómo la falta de regulación permite prácticas altamente nocivas tanto para la salud pública como para la seguridad.
El involucramiento del crimen organizado en este sector evidencia la necesidad urgente de políticas públicas que integren la seguridad, la salud y la economía formal.
Consecuencias para la Salud Pública
La intención original de la prohibición era proteger la salud pública, especialmente de los menores. Sin embargo, los resultados han sido contrarios. Al no haber canales legales de distribución, el control sanitario es inexistente y los productos que circulan en el mercado negro carecen de estándares de calidad.
Esto ha derivado en un aumento de enfermedades respiratorias causadas por dispositivos adulterados y en la exposición de adolescentes a productos sin regulación. En contraste, en países con marcos regulatorios adecuados, se prohíbe la venta a menores y se exige certificación de ingredientes y dispositivos.
La falta de regulación efectiva ha terminado por poner en mayor riesgo la salud de los consumidores, especialmente los más jóvenes.
Comparativa Regional: América Latina
En América Latina, países como Perú y Colombia han adoptado marcos regulatorios que permiten la comercialización de vapeadores bajo condiciones estrictas. Estas leyes incluyen restricciones de edad, etiquetado sanitario y control de ingredientes, lo que permite un equilibrio entre salud pública y desarrollo económico.
Colombia, por ejemplo, ha aprobado leyes que regulan la publicidad, el etiquetado y la venta de dispositivos de vapeo, y ha creado un registro nacional de fabricantes e importadores. Esto ha reducido el consumo de cigarro tradicional y ha disminuido el mercado clandestino.
México, al apartarse de esta tendencia regional, se aísla de una estrategia integral y eficaz, con efectos adversos tanto en lo económico como en lo social.
Perspectivas Comerciales: Un Sector con Potencial
El mercado global de vapeadores está en expansión. Según Grand View Research, se proyecta que esta industria alcance los 182,840 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 30%. En este contexto, México podría posicionarse como un hub de manufactura y distribución en América Latina si desarrollara un marco regulatorio adecuado.
Empresas como British American Tobacco y JUUL han invertido en innovación para reducir el daño de los productos de nicotina, lo que demuestra que hay espacio para la competencia responsable. Un mercado legal permitiría la participación de empresas nacionales e internacionales, generando empleos y atrayendo inversión extranjera.
La prohibición, por el contrario, limita estas oportunidades y entrega el control del mercado a actores informales y delictivos.
Seguridad Nacional y Contrabando Transfronterizo
La prohibición mexicana ha tenido un impacto más allá de sus fronteras. Los cárteles están contrabandeando vapeadores hacia Estados Unidos, donde su venta es legal. Esto genera un flujo de recursos que se utiliza para financiar otras actividades ilícitas como el narcotráfico y el tráfico de armas.
La falta de coordinación internacional y la ausencia de un marco regulatorio nacional fortalecen estas redes ilícitas. Además, la situación podría impactar negativamente en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), especialmente si se considera que la prohibición viola principios de libre comercio.
Una política comercial más coherente y regulada podría fortalecer la posición de México en el escenario internacional y reducir el flujo de recursos hacia el crimen.
Implicaciones Legales y Constitucionales
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucionales intentos anteriores de prohibición absoluta, por considerar que violan derechos de libre comercio y acceso a productos menos dañinos. Sin embargo, la reciente reforma incluye penas de hasta ocho años de prisión y multas elevadas para quienes comercialicen vapeadores.
Esto genera un problema jurídico, ya que criminaliza conductas que anteriormente no eran punibles y podría colapsar el sistema judicial con casos relacionados con productos de bajo riesgo. Además, la falta de claridad legal genera incertidumbre para emprendedores y comerciantes que buscan actuar dentro del marco legal.
Una legislación sólida, basada en evidencia científica y en principios constitucionales, podría ofrecer mejores resultados tanto en términos de salud como de legalidad.
Propuestas de Regulación Integral
Diversas organizaciones civiles han propuesto alternativas viables a la prohibición, como la creación de un marco regulatorio que incluya: prohibición de venta a menores, impuestos a la comercialización, etiquetado sanitario, control de ingredientes y campañas de prevención.
Estas medidas permitirían al Estado recuperar el control del mercado, reducir el poder económico de los cárteles, proteger a los menores y generar ingresos fiscales. Además, permitirían monitorear la calidad de los productos y establecer sanciones proporcionales a los riesgos reales.
La implementación de estas propuestas requiere voluntad política, diálogo multisectorial y un enfoque basado en evidencia científica y económica.
Conclusión
La prohibición absoluta de vapeadores en México ha demostrado ser contraproducente desde una perspectiva económica, de salud pública y de seguridad. El fortalecimiento del mercado negro, la pérdida de ingresos fiscales y el crecimiento del crimen organizado son consecuencias directas de una política mal diseñada. Regular el mercado, en cambio, representa una oportunidad para el desarrollo económico, la protección de la salud y el fortalecimiento del Estado de derecho. Es momento de replantear la estrategia y avanzar hacia un modelo regulado e inclusivo.
Llamado a la acción: Empresarios, legisladores y organizaciones civiles deben impulsar una agenda regulatoria integral que transforme este problema en una oportunidad de desarrollo económico y social.
