Introducción
La inversión pública es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico sostenible de un país. En el caso de México, el panorama actual plantea desafíos significativos que podrían comprometer el crecimiento a largo plazo. Aunque se proyecta un aumento en la inversión para el año 2026, las proyecciones hacia 2030 indican una caída preocupante. Este artículo analiza en profundidad los factores que influyen en esta tendencia, su impacto en la economía mexicana y las oportunidades para revertirla mediante estrategias sólidas de política fiscal e inversión inteligente.
La importancia de la inversión pública
La inversión pública es el gasto que realiza el Estado en infraestructura, servicios sociales y desarrollo económico. Su impacto es directo en la creación de empleos, la productividad y el bienestar social. Países con alta inversión pública suelen tener mejores servicios educativos, de salud, transporte y energía, lo cual potencia la competitividad general.
Por ejemplo, Corea del Sur ha invertido históricamente más del 5% de su PIB en infraestructura, lo que ha sido clave para su transformación de una economía agraria a una industrializada de alto valor. En cambio, México ha mantenido niveles bajos de inversión pública, promediando cerca del 2.5% del PIB en la última década.
Una inversión pública robusta permite detonar sectores estratégicos y atraer inversión privada. Su disminución, en cambio, limita el crecimiento potencial del país.
Contexto actual de la inversión en México
En 2026 se espera que la inversión pública en México alcance el 3.2% del PIB, equivalente a 1.26 billones de pesos. Sin embargo, este incremento es considerado coyuntural. Las proyecciones hacia 2030 señalan una caída al 2.6% del PIB, lo cual representa una reducción significativa en términos reales si se considera el crecimiento poblacional y la inflación.
Este comportamiento volátil se debe a decisiones fiscales de corto plazo y a la concentración del gasto en proyectos específicos. La falta de una política de inversión pública a largo plazo incrementa la vulnerabilidad del desarrollo económico.
Una inversión sostenida y diversificada es esencial para evitar cuellos de botella en sectores clave como educación, salud y transporte. De lo contrario, el país podría enfrentar un estancamiento estructural.
Concentración del gasto en sectores estratégicos
Según los datos disponibles, el 42% de la inversión pública en 2026 se destinará a proyectos relacionados con Pemex. Si bien el sector energético es estratégico, esta concentración limita los recursos disponibles para otros sectores fundamentales como salud, educación e infraestructura urbana.
Por ejemplo, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas han absorbido grandes cantidades del presupuesto federal. Aunque estas obras generan empleo y desarrollo regional, su rentabilidad económica y social ha sido cuestionada por diversos analistas.
Una política de inversión más equilibrada permitiría potenciar sectores con alto retorno económico y social, como la educación técnica, la digitalización gubernamental y la infraestructura logística.
La propuesta de Carlos Slim y el 25% del PIB
Carlos Slim ha propuesto aumentar la inversión total del país (pública y privada) al 25% del PIB. Esta meta ambiciosa implicaría duplicar los niveles actuales de inversión pública y fomentar un entorno que atraiga capital privado de largo plazo.
El empresario argumenta que esta medida no solo impulsaría el crecimiento económico, sino que también elevaría los ingresos de la población y reduciría la desigualdad. Países como China y Vietnam han seguido estrategias similares, con inversiones que superan el 30% del PIB durante décadas.
Para lograrlo, México necesita fortalecer su marco fiscal, mejorar la eficiencia del gasto y priorizar proyectos con alto impacto económico y social.
Impacto de la inversión en educación y salud
La inversión en capital humano, especialmente en educación y salud, tiene un efecto multiplicador sobre el crecimiento económico. Estudios del Banco Mundial indican que cada dólar invertido en educación genera un retorno de hasta USD 10 en productividad a largo plazo.
En México, el gasto educativo ha sido insuficiente para responder a las necesidades de una economía basada en el conocimiento. Lo mismo ocurre con el sistema de salud, que enfrenta carencias estructurales exacerbadas por la pandemia de COVID-19.
Reorientar parte de la inversión pública hacia estos sectores sería una estrategia de alto impacto para mejorar la competitividad y reducir las brechas sociales.
El papel de la deuda pública
La deuda pública en México ha alcanzado el 52.3% del PIB, lo que genera presiones sobre el presupuesto federal. Si bien este nivel es manejable en términos internacionales, el ritmo de crecimiento es preocupante.
Una parte significativa del gasto se destina al servicio de la deuda, reduciendo el margen para invertir en infraestructura y servicios públicos. Además, un déficit fiscal persistente puede afectar la calificación crediticia del país y encarecer el financiamiento externo.
Para mantener la sostenibilidad fiscal, es necesario establecer reglas claras que limiten el endeudamiento y destinen recursos a inversiones estratégicas con retorno medible.
Lecciones internacionales: inversión productiva como motor de desarrollo
Países como Alemania, Finlandia y Canadá han demostrado que una inversión pública bien estructurada puede transformar economías enteras. Alemania, por ejemplo, invierte más del 4% del PIB en infraestructura, con un enfoque en movilidad eléctrica y energías renovables.
En América Latina, Chile ha implementado mecanismos institucionales para evaluar la rentabilidad económica y social de cada proyecto antes de ser aprobado, lo que ha mejorado la eficiencia del gasto público.
México puede adoptar estas mejores prácticas para garantizar que cada peso invertido genere un retorno palpable para la sociedad.
Evaluación de proyectos: clave para la eficiencia
Uno de los principales retos en la inversión pública mexicana es la falta de evaluación rigurosa de los proyectos. Muchos se aprueban por razones políticas o electorales, sin considerar su viabilidad económica.
La adopción de metodologías como el Análisis Costo-Beneficio (ACB) y la Evaluación de Impacto permitiría priorizar proyectos que realmente contribuyan al desarrollo económico y social del país.
Una institucionalidad sólida, con organismos técnicos autónomos, puede asegurar la transparencia y eficiencia del gasto público.
Inversión extranjera directa vs inversión pública
A pesar del contexto fiscal limitado, México ha recibido flujos históricos de Inversión Extranjera Directa (IED), especialmente por el fenómeno del nearshoring. Empresas como Tesla, BMW y Amazon han anunciado inversiones millonarias en el país.
Sin embargo, la IED no puede sustituir la inversión pública. Son complementarias. Para atraer y retener estos capitales, es necesario contar con infraestructura adecuada, seguridad jurídica y servicios públicos eficientes.
Una base sólida de inversión pública es el cimiento sobre el cual puede construirse un ecosistema empresarial competitivo.
Propuestas para una política de inversión sostenible
Para revertir la caída proyectada de la inversión pública hacia 2030, se requieren reformas estructurales. Entre las más urgentes están: un marco fiscal responsable, reingeniería del gasto público, y fortalecimiento institucional de los órganos de evaluación.
También es clave diversificar las fuentes de financiamiento, incluyendo esquemas de Asociación Público-Privada (APP), bonos verdes y fondos multilaterales.
Una estrategia nacional de inversión a 10-20 años, con metas claras y mecanismos de monitoreo, puede generar certidumbre y atraer capital tanto nacional como extranjero.
Perspectivas hacia 2030
Si México no logra aumentar y sostener su inversión pública, su crecimiento económico será insuficiente para mejorar las condiciones de vida de la población. La competencia global exige infraestructura moderna, capital humano calificado y servicios eficientes.
La ventana de oportunidad está abierta: el nearshoring, la transición energética y la digitalización global pueden funcionar como catalizadores. Pero sin inversión pública inteligente, estas oportunidades se perderán.
El momento de actuar es ahora. Establecer una ruta clara hacia 2030 es fundamental para asegurar un futuro competitivo y equitativo para México.
Conclusión
La inversión pública es un instrumento estratégico para transformar economías y reducir desigualdades. En México, su nivel actual es insuficiente y sus proyecciones a futuro son preocupantes. Reorientar el gasto, fortalecer las instituciones y establecer una visión de largo plazo son acciones clave para revertir esta tendencia. La estabilidad fiscal y la eficiencia en la ejecución deben ser los pilares de una nueva política de inversión que coloque al país en la senda del desarrollo sostenible.
El reto está sobre la mesa. Los tomadores de decisión tienen la responsabilidad de construir un modelo de inversión pública que priorice el bienestar colectivo sobre las agendas de corto plazo. México tiene el potencial. Solo falta la voluntad política y la estrategia adecuada.
