Introducción
El nuevo plan fiscal propuesto por Donald Trump, conocido como el «One Big Beautiful Bill», marca un punto de inflexión en la política económica de Estados Unidos. Esta propuesta busca consolidar las prioridades del expresidente para un posible segundo mandato, incluyendo la extensión de recortes fiscales, beneficios impositivos adicionales, y una reestructuración del gasto público. A medida que se intensifica el debate legislativo, este artículo analiza en profundidad las implicaciones económicas, financieras y políticas del plan, explorando su impacto en los mercados, empresas, hogares y el equilibrio fiscal del país.
Extensión de los recortes fiscales de 2017
La piedra angular del plan es la extensión permanente de los recortes fiscales establecidos por la Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) de 2017. Esta legislación redujo la tasa del impuesto corporativo del 35% al 21% y ofreció alivios fiscales significativos a individuos y empresas. De hacerse permanente, tendría un costo estimado de $3.8 billones en déficit acumulado hasta 2034, según proyecciones del Congressional Budget Office (CBO).
Un caso emblemático es el de Apple Inc., que repatrió más de $250 mil millones en 2018 aprovechando los incentivos temporales del TCJA. Empresas como esta podrían beneficiarse aún más si los recortes se hacen permanentes, incentivando inversiones de capital y recompras de acciones.
En resumen, la permanencia de estos recortes reforzaría la competitividad fiscal de EE.UU., pero plantea serias dudas sobre su viabilidad a largo plazo en términos de sostenibilidad del déficit.
Beneficios fiscales adicionales propuestos
El proyecto incluye nuevas exenciones fiscales dirigidas a la clase trabajadora, como la eliminación de impuestos sobre propinas, horas extras y hasta $10,000 en intereses de préstamos automotrices. Estas medidas buscan aumentar el ingreso disponible para sectores de ingresos medios y bajos.
Por ejemplo, un trabajador del sector servicios que recibe $5,000 anuales en propinas podría ahorrarse aproximadamente $750 en impuestos, lo que representa un alivio significativo. Sin embargo, este tipo de exenciones también reduce la base tributaria del gobierno federal.
Estas medidas tienen un carácter altamente popular, pero su implementación generalizada podría costar más de $400 mil millones en ingresos perdidos en la próxima década, según estimaciones preliminares.
Impacto sobre la deuda pública y el déficit fiscal
Uno de los mayores cuestionamientos al plan es su efecto potencial sobre la sostenibilidad fiscal. Si todas las medidas se hacen permanentes, el CBO estima que el déficit federal se incrementaría en $23.7 billones hasta 2034, llevando la relación deuda/PIB al 200% para 2055, superando incluso a Japón.
Moody’s ya rebajó la calificación crediticia de EE.UU. a Aa1, citando preocupaciones por el crecimiento estructural del déficit y la falta de consenso político para controlarlo. Esto podría traducirse en mayores tasas de interés para la deuda pública y menor espacio fiscal ante futuras crisis.
En este contexto, el plan plantea un dilema central: el estímulo económico a corto plazo puede comprometer la estabilidad financiera a largo plazo.
Reducción de programas sociales: foco en Medicaid
El plan también contempla un recorte de $792 mil millones en Medicaid, mediante la imposición de requisitos laborales más estrictos y la reducción de elegibilidad. Esto impactaría directamente a más de 9 millones de beneficiarios potenciales, según organizaciones de salud pública.
Empresas como UnitedHealth Group y HCA Healthcare podrían enfrentar una disminución en la demanda de servicios cubiertos por Medicaid, afectando sus ingresos. En estados con alta dependencia del programa, el efecto económico podría ser severo.
En conclusión, aunque se busca reducir el gasto público, el impacto sobre la salud pública y la economía regional podría ser desproporcionado.
Eliminación progresiva de subsidios verdes
La propuesta incluye la eliminación gradual de créditos fiscales destinados a vehículos eléctricos y energías renovables, lo que afectaría inversiones proyectadas en el sector energético. Tesla, por ejemplo, se benefició de miles de millones en subsidios para expandir su capacidad de producción.
Según BloombergNEF, los créditos fiscales actuales podrían representar hasta el 30% del costo total de un vehículo eléctrico. Sin este incentivo, se espera una contracción en la demanda, especialmente en mercados sensibles al precio.
Esto podría ralentizar la transición energética en EE.UU., poniendo en riesgo los objetivos de descarbonización y liderazgo tecnológico en energías limpias.
Riesgo crediticio y percepción de mercados financieros
La rebaja de calificación por parte de Moody’s refleja la creciente preocupación del mercado sobre la capacidad del gobierno estadounidense para gestionar su deuda. Los bonos del Tesoro a 30 años alcanzaron un rendimiento del 5.09%, el más alto desde 2023, señal de mayor prima de riesgo.
Inversionistas institucionales están mostrando mayor aversión a instrumentos de deuda de largo plazo emitidos por EE.UU., lo que podría derivar en una reasignación de portafolios hacia activos más seguros o diversificados.
El entorno financiero se está tornando más volátil, y el plan fiscal, lejos de calmar los mercados, puede estar exacerbando las tensiones.
Presión política y estrategia de la Casa Blanca
La administración Trump está utilizando una estrategia de presión intensa sobre los legisladores republicanos, calificando la no aprobación del plan como “traición absoluta”. Esta táctica busca asegurar la unidad del partido frente a una legislación controversial.
Además, se han hecho concesiones como el aumento de la deducción SALT a $40,000 para atraer el apoyo de representantes en distritos de altos ingresos en Nueva York y California. Estas maniobras reflejan una estrategia centrada en resultados rápidos y control del mensaje político.
La lógica electoral parece priorizarse sobre la sostenibilidad fiscal, un enfoque que podría tener consecuencias de largo plazo.
Resistencia interna y obstáculos legislativos
El Freedom Caucus, un grupo ultraconservador del Partido Republicano, ha expresado su oposición a elementos del plan que consideran insuficientemente agresivos. Entre sus demandas están recortes más profundos a Medicaid y la eliminación total de subsidios verdes para 2028.
Esta división interna podría impedir la aprobación del proyecto, especialmente si no se logra un consenso antes del llamado “X-date” en agosto, cuando el Tesoro podría quedar sin capacidad de pago.
La fragmentación del partido complica la viabilidad del plan y aumenta la incertidumbre legislativa.
Impacto electoral y percepción pública
En distritos clave como los suburbios de Nueva York y California, los votantes de clase media-alta podrían rechazar la propuesta si se limitan las deducciones SALT, afectando la competitividad electoral de los republicanos en 2026.
Por otro lado, si el plan se aprueba con recortes sociales notorios, se corre el riesgo de movilizar a votantes demócratas y moderados en contra del partido. La narrativa de un “gobierno eficaz” podría debilitarse, afectando negativamente las elecciones intermedias.
Así, el plan fiscal no solo tiene consecuencias económicas, sino también estratégicas a nivel electoral.
Sector salud: consecuencias para empresas y usuarios
La reducción de Medicaid tendrá implicaciones directas sobre aseguradoras, hospitales y clínicas. Empresas como Anthem y Centene verían una caída en la cantidad de afiliados, afectando sus ingresos por primas y subsidios federales.
Además, los hospitales rurales y comunitarios, que dependen en gran medida de Medicaid, podrían enfrentar cierres o recortes de personal. Esto afectaría la accesibilidad de servicios médicos en zonas vulnerables.
El sector salud podría volverse más volátil, con efectos en cadena sobre empleo, inversión y resultados financieros.
Sector automotriz y consumo masivo
La exención de impuestos sobre intereses de préstamos automotrices busca estimular el consumo, particularmente en el sector de vehículos nuevos. Empresas como Ford, GM y Toyota podrían beneficiarse de un repunte en la demanda.
No obstante, esta medida también representa una pérdida significativa de ingresos fiscales y podría incentivar un endeudamiento irresponsable entre consumidores.
El efecto neto dependerá del equilibrio entre el estímulo al consumo y la solidez financiera de los hogares.
Conclusión: un plan ambicioso con riesgos estructurales
El «One Big Beautiful Bill» representa una propuesta ambiciosa que redefine las prioridades fiscales de EE.UU. Si bien ofrece beneficios directos a empresas e individuos, sus efectos sobre el déficit, la deuda y la estabilidad macroeconómica son motivo de seria preocupación.
Los mercados, las empresas y los votantes deberán evaluar cuidadosamente sus posiciones ante un proyecto que podría transformar el panorama fiscal, económico y político del país en las próximas décadas.
Para los profesionales en finanzas, inversiones y negocios, monitorear la evolución de este plan será clave para ajustar estrategias y anticiparse a los cambios estructurales que puede generar.
