Introducción
La reciente transición institucional en México, que traslada al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la responsabilidad de medir la pobreza multidimensional, marca un punto de inflexión en la forma en que se evalúan las políticas sociales y el desarrollo económico del país. Este cambio ocurre en un contexto donde más de 52 millones de mexicanos viven en situación de pobreza, y donde la precariedad laboral y la desigualdad estructural persisten como desafíos centrales. En este artículo se analizan las implicaciones económicas, sociales e institucionales de esta transformación, así como sus efectos potenciales en mercados, empresas y políticas públicas.
1. Medición de la pobreza: una herramienta clave para el desarrollo económico
La pobreza multidimensional es una metodología que evalúa no solo el ingreso, sino también seis carencias sociales: educación, salud, seguridad social, calidad de la vivienda, servicios básicos y acceso a la alimentación. Esta medición permite comprender de manera más completa el bienestar de la población y orientar políticas públicas eficaces. Desde 2008, México ha sido pionero en este enfoque, lo que ha permitido generar datos comparables a lo largo del tiempo y diseñar intervenciones más focalizadas.
Por ejemplo, gracias al enfoque multidimensional, se pudo identificar que alrededor del 65.2% de la población indígena vive en pobreza, lo que motivó programas específicos como el Programa de Apoyo a Comunidades Indígenas. Esta focalización ha sido clave para mejorar la eficiencia del gasto social.
En resumen, la continuidad de esta metodología bajo la gestión del Inegi es fundamental no solo para mantener la comparabilidad estadística, sino también para garantizar decisiones informadas en materia económica y social.
2. Transición institucional: del Coneval al Inegi
La reforma legal que transfiere las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al Inegi representa un cambio estructural en el sistema de evaluación social en México. Esta medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación, modifica tres leyes clave: la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
El Inegi, reconocido por su capacidad técnica y su experiencia estadística, asume ahora un rol doble: recolector y evaluador de datos. Este cambio ha generado preocupación en sectores académicos y de la sociedad civil por el posible debilitamiento de los contrapesos institucionales.
Este nuevo escenario exige un equilibrio entre el rigor metodológico y la independencia analítica. La transparencia y la rendición de cuentas serán esenciales para mantener la confianza en los indicadores generados.
3. Continuidad metodológica: importancia para los mercados y la inversión
Mantener la metodología multidimensional garantiza la comparabilidad de los datos en el tiempo, lo que es esencial para analistas financieros, inversionistas y organismos internacionales que monitorean el desarrollo económico del país. La continuidad permite proyectar tendencias, evaluar impacto de políticas y tomar decisiones informadas.
Por ejemplo, instituciones como el Banco Mundial y el FMI utilizan estos indicadores para determinar riesgos-país, acceso a financiamiento y diseño de programas de cooperación. Del mismo modo, empresas multinacionales consideran estos datos al definir estrategias de entrada a mercados o expansión regional.
En definitiva, la confiabilidad y consistencia de los indicadores de pobreza son fundamentales no solo para políticas sociales, sino también para decisiones de inversión y análisis macroeconómico.
4. Salarios de pobreza: un obstáculo estructural para el crecimiento
Uno de los hallazgos más alarmantes del panorama actual es que 32 millones de personas en México perciben ingresos que no les permiten adquirir dos canastas básicas, lo que se denomina «salarios de pobreza». Esta situación impide la movilidad social y limita el consumo interno, afectando directamente al dinamismo económico.
Morelos (85%), Estado de México (82%) y Puebla (81%) lideran en proporción de trabajadores con salarios de pobreza. Esta precariedad laboral no solo tiene efectos sociales, sino que limita el crecimiento del mercado interno y reduce las oportunidades de expansión para las empresas.
En conclusión, atacar el problema de los bajos salarios es una estrategia clave para estimular la economía desde dentro, aumentar la productividad y reducir la dependencia de programas asistenciales.
5. Precariedad laboral y su impacto en la economía formal
La falta de seguridad social y contratos laborales afecta a más de 35 millones de trabajadores, de los cuales 18 millones no cuentan con contrato formal. Esta informalidad limita la capacidad fiscal del Estado, reduce la inversión en capital humano y genera distorsiones en el mercado laboral.
Un caso emblemático es el sector de servicios, donde la mayoría de los trabajadores operan fuera del marco legal, lo que impide su acceso a seguros, pensiones y crédito. Esto también afecta la productividad laboral, ya que la falta de estabilidad reduce la inversión en capacitación.
Formalizar el empleo y garantizar condiciones dignas es una condición indispensable para construir una economía más robusta, atractiva para la inversión y socialmente equitativa.
6. Heredabilidad de la pobreza: barreras a la movilidad social
El 78% de las personas que nacen en hogares pobres en México permanecen en esa condición durante toda su vida. Esta cifra revela una estructura social rígida que impide la movilidad intergeneracional, lo cual tiene consecuencias económicas profundas.
La falta de acceso a educación de calidad, salud, y oportunidades laborales perpetúa ciclos de pobreza. Por ejemplo, en regiones como Chiapas y Oaxaca, los niños nacen con desventajas acumuladas que limitan su potencial productivo a largo plazo.
Romper este ciclo requiere políticas integrales que combinen transferencias monetarias con inversión en infraestructura social, lo cual tiene un retorno económico alto en términos de capital humano.
7. Grupos vulnerables: desafíos estructurales y oportunidades de inclusión
Los datos muestran que el 65.2% de la población indígena y el 50% de las personas con discapacidad viven en pobreza multidimensional. Estos sectores enfrentan barreras históricas de discriminación, exclusión y acceso limitado a servicios básicos.
Empresas como Iluméxico han desarrollado modelos de negocio inclusivos, llevando energía solar a comunidades marginadas. Estas iniciativas no solo generan rentabilidad, sino que también promueven la inclusión económica.
Incorporar a los grupos vulnerables a la economía formal y al consumo puede representar una oportunidad de mercado significativa, además de un imperativo ético y social.
8. Riesgos institucionales: concentración de funciones y pérdida de contrapesos
La desaparición del Coneval ha generado preocupaciones legítimas sobre la concentración de funciones en una sola institución. Aunque el Inegi tiene una reputación técnica sólida, carece de experiencia en la evaluación crítica de políticas públicas.
Expertos advierten que sin un organismo independiente que contraste el desempeño gubernamental, puede debilitarse la rendición de cuentas. Esto podría afectar la calidad de las políticas públicas y su alineación con las necesidades reales de la población.
El fortalecimiento de mecanismos ciudadanos y académicos será crucial para mantener una evaluación crítica y objetiva del desarrollo social en México.
9. El Consorcio por la Medición y la Evidencia: respuesta de la sociedad civil
En respuesta a la desaparición del Coneval, diversas organizaciones como México Evalúa y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza formaron el Consorcio por la Medición y la Evidencia. Esta red independiente busca monitorear la calidad de los datos, analizar la ENIGH y publicar evaluaciones paralelas.
Su objetivo es garantizar que la información pública siga siendo transparente, rigurosa y útil para la toma de decisiones. Esta iniciativa representa un nuevo modelo de participación ciudadana en el monitoreo de políticas públicas.
La existencia del Consorcio es una señal positiva de resiliencia institucional y participación activa de la sociedad en la construcción de un país más justo.
10. Calendario de publicaciones y acceso a datos
Uno de los compromisos del Inegi es mantener la regularidad en la publicación de indicadores. Las fechas clave incluyen:
- Pobreza Multidimensional: 13 de agosto de 2025 (bienal)
- Líneas de Pobreza por Ingreso: julio de 2025 (mensual)
- Pobreza Laboral: septiembre de 2025 (trimestral)
Además, se garantiza el acceso público a los informes y bases de datos, lo que permite a investigadores, empresas y organismos internacionales realizar análisis propios.
La transparencia en el acceso a la información es clave para la credibilidad de las cifras y para el diseño de estrategias económicas basadas en evidencia.
11. Implicaciones para el sector privado
El sector empresarial tiene una responsabilidad creciente en la lucha contra la pobreza. Adoptar salarios dignos, mejorar las condiciones laborales y desarrollar productos inclusivos no solo es ético, sino también rentable.
El Observatorio de Trabajo Digno propone estándares que permiten a las empresas calcular el salario mínimo necesario para cubrir dos canastas básicas. Empresas que los adoptan mejoran la retención de talento y la productividad laboral.
Invertir en capital humano no debe verse como un costo, sino como una estrategia de competitividad en mercados cada vez más conscientes y regulados.
12. Conclusión: una transición con riesgos y oportunidades
La transferencia de funciones del Coneval al Inegi representa tanto una oportunidad como un riesgo. Por un lado, puede mejorar la eficiencia técnica en la medición de pobreza; por otro, podría debilitar la evaluación crítica independiente si no se establecen contrapesos adecuados.
El contexto actual exige una coordinación efectiva entre gobierno, sector privado y sociedad civil para combatir la pobreza estructural. La vigilancia ciudadana, el uso estratégico de datos y la inversión socialmente responsable serán claves en esta nueva etapa.
El desafío no es solo técnico, sino político y ético: garantizar que los indicadores reflejen la realidad y se utilicen para mejorar la vida de millones de personas.
